Luego de transcurrir más de 72 horas desde la detención de Nélida Sánchez, integrante de Súmate, solicitan su libertad plena y que se le garanticen el goce y el ejercicio de sus derechos a “la comunicación con sus familiares y
abogados” y “al debido proceso”, a “la vida y a la salud”, establecidos en los artículos 43, 44, 49 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa un comunicado emitido por la referida ONG.
La detención de Sánchez, quies es la Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral Súmate, se produjo el pasado lunes 26 de agosto, por funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) e inicialmente fue recluida en su sede regional en Los Teques, estado Miranda. Posteriormente fue conocido su traslado a la prisión de El Helicoide, en Caracas, donde no han podido confirmar su presencia «ni le han permitido a sus familiares, abogados ni amigos tener comunicación alguna con ella».
En su comunicado, Súmate afirma que Sánchez padece de algunas «enfermedades crónicas, entre ellas afección cardíaca, que le ocasiona problemas circulatorios crónicos, además de sufrir de fibromialgia y asma, por lo cual pedimos le proporcionen y aseguren la atención y el tratamiento médico diario requerido, en razón de garantizarle su derecho humano y constitucional a la vida».
Destaca el comunicado que Sánchez es una ciudadana ejemplar, con 27 años de servicio en la administraciòn pública «donde durante su servició trabajó siempre en la promoción del derecho a la participación formando durante toda su carrera a grupos de electores y partidos de todos los grupos políticos sin distinción alguna».
Cuando ya han transcurrido más de 72 horas de su detención injustificada, porque no ha cometido delito alguno, lo cual está certificado por su expediente de vida, reiteramos nuestra solicitud de libertad plena para Nélida Sánchez, nuestra Coordinadora de Formación Ciudadana Electoral, y que se le garanticen y respeten todos sus derechos, entre ellos el de la vida y atención a su precario estado de salud, la comunicación con sus familiares y abogados, y al debido proceso, como lo prevé la Constitución de la República.
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