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Un bloque de 45 países instó ante el Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU que Venezuela “ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes” intensificada en el país. También reclamaron la liberación inmediata e incondicional de los detenidos de manera arbitraria.
La declaración fue leída por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ante el Consejo de Naciones Unidas. Los firmantes también le exigieron a las autoridades de Venezuela a firmemente cumplir “las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención”.
Entre los países que respaldan la declaración en el Consejo de DDHH de la ONU figuran varios de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, junto a miembros de la Unión Europea como España, Portugal, Italia, Francia y Alemania, además de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Japón y Canadá.
Mondino indicó ante el Consejo que los países firmantes quieren expresar su profunda inquietud por la crisis estructural de derechos humanos en Venezuela, la cual se ha agravado este año en el contexto del proceso electoral.
En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación se ha deteriorado con “detenciones arbitrarias de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluyendo niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad”, según destacó la declaración.
Además, se registró un uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad y de grupos de civiles armados conocidos como “colectivos”, junto con otros abusos, como “la persecución judicial iniciada por el Estado venezolano contra el candidato presidencial Edmundo González”, exiliado en España.
“Bajo la excusa de la incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica”, afirmó la declaración.
La declaración lamentó la decisión de las autoridades venezolanas de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, lo que resultó en la expulsión de sus trabajadores en Venezuela el pasado mes de febrero, y exigió la reanudación de esta colaboración.
Asimismo, solicitó que se autorice el ingreso al país de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, encargada de investigar abusos a los derechos humanos en Venezuela, la cual presentará su más reciente informe el próximo 19 de septiembre ante el mismo Consejo de la ONU.
Tomado de Infobae
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