Ya cumplió seis meses detenido Eduardo Torres

Después de cuatro días, fiscal Saab reconoce detención de Eduardo Torres

El Fiscal General Tarek William Saab rechazó las acusaciones «temerarias» realizadas por Óscar Murillo, coordinador general de Provea, en las cuales denuncia la supuesta desaparición de un colaborador de su organización.

El Fiscal General refirió que estos ataques a las actuaciones del sistema justicia venezolano en contra de los grupos desestabilizadores y contrarios a la paz de la República forman parte de una campaña sostenida para garantizar la impunidad.

En su declaración, Saab informó que en el caso de Eduardo Torres, contrario a lo que señala este vocero, ha sido detenido por su vinculación con una trama conspirativa para generar violencia durante las elecciones programadas para el 25 de mayo.

Eduardo Torres a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas.

Estos mensajes, eran difundidos además por este ciudadano, de forma pública a través de redes sociales. En dicha causa hay varias personas involucradas que ya han sido identificadas y se encuentran solicitadas por los tribunales competentes.

Este ciudadano, destacó el Fiscal, fue presentado conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa y se le decretó medida privada de libertad por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.

En este sentido, el Ministerio Público se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano.

El Fiscal General reiteró que en todos los procedimientos penales del país existe un estricto apego a la legalidad, al debido proceso y los principios de derechos humanos que contempla nuestro ordenamiento jurídico.

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