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La Audiencia Nacional de España confirmó este lunes 19 de enero que la Sala Penal desistió de iniciar una investigación por torturas contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y contra el general Miguel Rodríguez Torres, exministro del Interior del fallecido Hugo Chávez, quien además vinculan con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Los magistrados Fernando Andreu Merelles, María Teresa García Quesada y Joaquín Delgado Martín, de la Sección Segunda de dicha Sala, ratificaron que la justicia española carece de competencia jurisdiccional para investigar los hechos violación de derechos humanos denunciados contra Ortega Díaz y Rodríguez Torres, según publicó el portal español Confilegal.
La querella fue puesta por Dulce Lilibeth Bravo de Ocando, quien acusa a la exfiscal al exministro de crímenes de lesa humanidad, torturas y tratos inhumanos o degradantes y responsabilidad institucional, porque ambos formaron parte de una estructura estatal organizada que permitió y encubrió prácticas represivas.
Los argumentos
La Sala consideró que las informaciones periodísticas y los testimonios aportados no son suficientes para abrir un proceso penal en España ni para transformar una denuncia individual en un supuesto de ataque generalizado o sistemático contra la población civil, elemento esencial del delito de lesa humanidad, reseñó el medio español.
El tribunal de apelación explicó que la jurisdicción española carece de competencia para conocer de los delitos, supuestamente cometidos en Venezuela.
Sobre el delito de lesa humanidad, indicó que no se aportaron pruebas suficientes para determinarlo, y que el testimonio personal de la denunciante, aunque describe un posible delito de tortura o contra la integridad moral, no permite atribuir de forma suficiente un crimen de lesa humanidad.
La justicia española también argumentó que existe una investigación ya abierta por la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación en Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad, y que los tribunales nacionales españoles no pueden conocer de los mismos hechos cuando ya están siendo investigados por un tribunal internacional del que España es parte.
Tomado de El Pitazo
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