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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el 7 de abril-26 hacer «seguimiento» a la aplicación de la histórica ley de amnistía casi dos meses después de su promulgación, para sanar el «extremismo» opositor que incita al «conflicto» en el país.
La normativa fue una iniciativa de la propia Rodríguez, quien gobierna de forma interina desde hace tres meses tras el derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.
Rodríguez ha calificado la ley como «un acto de grandeza», mientras que organismos de defensa de derechos humanos la consideran excluyente. Además, denuncian que se aplica con discrecionalidad por parte de jueces acusados de servir al chavismo.
«No crean que no sabemos» que «personas que fueron y han sido beneficiadas por esta ley de amnistía (…) están planificando el conflicto. Entonces, es importante también que hagamos seguimiento a la ley de amnistía», dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
«Yo no estoy excluyendo a nadie. Yo estoy diciendo que hagamos seguimiento para que esa oportunidad que estamos dando para sanar extremismo y radicalismo podamos de verdad, de verdad, curarlas para poder garantizar el futuro», agregó.
La amnistía no es automática, debe tramitarse ante un tribunal.
Pese a que engloba los 27 años del chavismo, la norma limita su acción a 13 eventos específicos y deja por fuera casos de supuestos golpes de Estado e intentos de magnicidio denunciados desde el gobierno.
Desde su promulgación el 19 de febrero van «más de ocho mil beneficiados» de la amnistía, informó Rodríguez en su intervención durante un encuentro televisado con diversas lideresas y representantes políticas.
Opositores como Javier Tarazona, reconocido activista, y Perkins Rocha, asesor legal de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, han quedado por fuera.
Unos 500 presos políticos siguen tras las rejas en Venezuela, contabiliza la oenegé Foro Penal.
Tomado de SWI
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