La Chicharra Digital
Bloqueos, censura y detención han estado presentes tanto para la pre-campaña y como durante la campaña, que se han visto marcadas por restricciones a la circulación de información: en 15 años de elecciones presidenciales esta ha sido la ocasión con mayor número de incidencias registradas, a las que se suman 39 horas de cadenas obligatorias de radio y televisión, además de 29 casos y 98 denuncias vinculadas al contexto electoral, que incluyen el cierre de emisoras, bloqueos en Internet, censura y detenciones arbitrarias.
La pluralidad informativa es crucial para que estemos al tanto de lo que sucede, tomemos decisiones en consecuencia y podamos participar, lo cual implica la existencia de diversidad de fuentes, enfoques y perspectivas en los medios de comunicación. En un contexto electoral cobra más relevancia, dado su valor en el marco del ejercicio de los derechos civiles y políticos.
En el marco del actual proceso electoral, las violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela incrementaron, particularmente hacia sectores considerados de oposición política. Activistas y ciudadanos que expresan públicamente su apoyo a María Corina Machado y al candidato Edmundo González, o medios de comunicación y periodistas que hacen cobertura a las movilizaciones de ambos, son víctimas de represalias, como detenciones arbitrarias o cierres de emisoras.
Contabilizamos 25 personas detenidas de manera arbitraria en este contexto, 23 de estas son ciudadanos particulares y dos periodistas. En cuatro casos registramos la aplicación de la ilegal normativa contra el odio.
El bloqueo de medios digitales y plataformas web es otro mecanismo utilizado para limitar el acceso a la información. En lo que va del año hemos registrado al menos ocho bloqueos, seis en el contexto electoral, hasta el 17 de julio de 2024.
Además, el derecho de acceso a la información pública se vio afectado por la publicación extemporánea de los documentos pautados por el calendario electoral, lo que se traduce en la reducción de la posibilidad de exigir derechos y garantías en el proceso de votaciones.
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Boletín de prensa
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