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Las detenciones han continuado de manera selectiva para causar terror en el entorno de los aprehendidos y extenderlo al resto de los ciudadanos. Esta es parte de la reflexiòn que hace el coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, al realizar un balance de las detenciones contra ciudadanos desde las elecciones presidenciales hasta la actualidad, período en el que aseguró que existe “una variable de la intensidad de la represión y de los excesos que se han cometido”.
La cifra de aprehendidos, que alcanzó recientemente los 1.800 personas, no dista mucho de la registrada en 2017, en protestas antigubernamentales. “En el 2017, por ejemplo, tuvimos un ciclo de protestas muy intenso de cuatro meses y en ese tiempo se registraron aproximadamente 2.000 detenciones. En este momento, en 2024, menos de 15 días, logramos tener un tope en esas detenciones”, sostuvo Murillo en una entrevista con VPI TV.
El activista sostiene que las dificultades para el preso político están en aumento ante la promulgación de leyes “antifascistas”. “En 2017, aquellos detenidos eran llevados a tribunales, había violaciones al debido proceso, pero muchos de sus familiares sabían a qué tribunales eran presentados, y podemos decir que en un 50 % de esos casos, las personas salían bajo condiciones de libertad, injustas, pero regresaban a sus casas”, opinó Murillo.
“En este momento tenemos que más del 80 % de todos los detenidos en este contexto postelectoral han sido llevados a las cárceles, esto, porque se les ha aplicado dos leyes, que terminan siendo de la arquitectura de la criminalización de la protesta y de la disidencia en Venezuela: la ley contra el odio y la ley antiterrorismo”, advirtió el representante de Provea.
Lamentó que, a su juicio, “el estado de derecho hoy forma parte de la discrecionalidad de una gestión de gobierno que busca reprimir el descontento y aplastar el movimiento político”.
“Hay que ver el sufrimiento y el dolor de la familia venezolana, pero en particular de aquellas familias que han tenido que lidiar con la detención de un familiar del 28 de julio para acá (…) Estos son los momentos que te comprueban que estamos ante una extinción de nuestro estado de derecho y de justicia social”, reclamó Murillo.
El activista recordó que las tres primeras semanas “postelectorales” se registró una cantidad de detenidos que impactó a la ONG, pero, “después continuó de forma selectiva”, lo que el especialista define como una “intención de generar terror en el entorno del dirigente, el activista, el sindicalista”.
Ante el contexto de encarcelamientos, Murillo aseguró que la ONG está a disposición de acompañar a las familias para hacer lo que define como una “denuncia pública”. “Hay miedo, hay amenazas (…) Provea siempre va a sugerir, orientar, con el permiso de los familiares, la denuncia pública. Lo único que nos queda, es apelar a la verdad”, afirmó.
Tomado de Versión Final
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