El principio de justicia universal permite a cualquier país investigar y juzgar crímenes graves, como torturas y desapariciones, independientemente del lugar donde fueron cometidos y de la nacionalidad de los involucrados. En este caso, el Ministerio Público Fiscal argentino actuó en respuesta a las denuncias de víctimas venezolanas que sufrieron torturas, secuestros y ejecuciones bajo el régimen de Maduro.