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Un avión con el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte partió la noche del martes (11.03.2025) a La Haya, horas después de que fuera detenido en Manila tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad, y que su hija y actual vicepresidenta, Sara Duterte, califica de una extradición «a la fuerza». «Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, señaló la política.
«El avión está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas», anunció esta noche en una rueda de prensa el actual mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr.
La CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. «Una vez que el sospechoso está bajo custodia de la CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial», declaró Fadi Abdullah, portavoz de la corte, explicando los pasos a seguir.
Duterte abandonó el país asiático a bordo de un vuelo chárter con número de registro RP-C5219, afirmó la cadena de televisión GMA, que indicó que la aeronave abandonó la base aérea Villamor de Pasay City, en el área metropolitana de Manila, hacia las 23.00 hora local (15.00 GMT). Acompañan a Duterte su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente, publica por su parte el medio filipino Rappler.
Hija critica detención
El expresidente «debería haber sido trasladado a una corte local» para ser extraditado, dijo Sara Duterte a los medios de comunicación desde las afueras de la base aérea de Villamor. Rodrigo Duterte, de 79 años, fue detenido esta misma jornada al aterrizar en Manila procedente de Hong Kong, después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.
Esta causa tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos, la mayoría hombres pobres y a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. El Tribunal Supremo de Filipinas afirmó este martes que examinará una petición presentada por el abogado Israelito Torreón en nombre de Duterte para suspender la detención del expresidente, alegando que Filipinas no tiene por qué acatar las órdenes de arresto de la CPI y que las notificaciones rojas de la Interpol no son vinculantes.
Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como «hijos de puta», aunque dijo que «aceptaría» la detención.
Tomado de la DW
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