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Familias venezolanas iniciaron el 4 de junio una vigilia a las afueras de la sede de la ONU, en Caracas, para pedir la liberación de los más de 250 connacionales detenidos en El Salvador, donde llegaron luego de que Estados Unidos los deportara en marzo pasado.
Los familiares de concentraron con la intención de entregar una nueva carta dirigida al alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Türk, en la que solicitan una «respuesta contundente» ante lo que consideraron la «grave violación de los derechos humanos» de los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador a los venezolanos detenidos.
En el documento, se asegura que los arrestados «continúan sin poder contar con el legítimo derecho a la defensa por parte de sus abogados, ni han sido puestos a la orden de un juez o se les ha imputado delito alguno en El Salvador».
Entre los presentes, Camilla Fabri, esposa del ministro de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab, indicó que los venezolanos detenidos en El Salvador «no han cometido ningún crimen».
«Nosotros estamos aquí para pedirle al (alto) comisionado (…) que nos dé una respuesta, que se pronuncie para dar respuestas a todas estas madres. Exigimos que todos los 252 (venezolanos detenidos) vuelvan sanos y salvos», añadió Fabri, quien aseguró que los parientes no han recibido respuestas a solicitudes previas ante la ONU.
En mayo pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su Gobierno está listo para buscar a los migrantes del país caribeño detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, donde llegaron bajo la acusación de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
Ese mes, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que este grupo de migrantes podría estar en una situación de desaparición forzada en vista de la «completa incertidumbre» sobre su paradero y la situación en la que se encuentran luego de que EE.UU. los deportara.
La portavoz de ese organismo de la ONU, Liz Throssell, afirmó entonces que «ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han publicado listas oficiales de los detenidos y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara».
Tomado de Nueva Prensa
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