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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Venezuela y anunció que continuará con el análisis de los casos que investigan presuntas violaciones a los derechos de funcionarios de la Policía Municipal de Chacao ocurridas entre 2016 y 2018.
En un comunicado, el Tribunal informó que rechazó por «unanimidad» las excepciones preliminares presentadas por el Estado venezolano, que alegaba supuesta «incompetencia» del ente y cuestionaba el «control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana».
El caso fue remitido a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de denuncias sobre «detenciones arbitrarias y violaciones a derechos fundamentales de doce funcionarios policiales».
Venezuela había presentado excepciones basadas en la denuncia de la Convención en 2012, alegando que los hechos ocurridos posteriormente quedarían fuera del marco temporal de la Corte, así como supuestas fallas de notificación que afectarían su derecho de defensa.
La Corte recordó que Venezuela ratificó la Convención en 1977 y la denunció en 2012, pero en 2019, Juan Guaidó presentó ante la OEA la ratificación del tratado, con efectos retroactivos a partir de 2013.
Asimismo, el Tribunal dijo que verificó que durante el trámite ante la Comisión, «Venezuela tuvo acceso a todas las comunicaciones relevantes y oportunidades efectivas de participación, por lo que no se vulneró su derecho de defensa».
La sentencia fue emitida por la presidenta Nancy Hernández López (Costa Rica) y los jueces Rodrigo Mudrovitsch (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Verónica Gómez (Argentina) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Dos jueces no participaron en la deliberación.
Con esta decisión, la Corte IDH reafirma su competencia para conocer casos relacionados con la interpretación y aplicación de la Convención Americana, y Venezuela permanece bajo su jurisdicción para los efectos del caso Chirinos Salamanca.
Detalles del caso
Según la Corte IDH, el caso se centra en la presunta responsabilidad internacional de Venezuela por la detención ilegal y el maltrato de los policías en el marco de la investigación por el asesinato del periodista Ricardo Concepción Durán Trujillo, jefe de la Sala de Prensa del Gobierno del Distrito Capital, ocurrido el 19 de enero de 2016.
Aunque el 8 de agosto la jueza ordenó la libertad inmediata de los funcionarios con medidas de presentación quincenal, se alega que permanecieron privados de libertad y que cinco de ellos habrían sido sometidos a torturas.
Durante ese periodo, Fred Armando Mavares Zambrano inició una huelga de hambre y cinco de los afectados cosieron sus bocas en señal de protesta. La liberación total de los funcionarios no se habría completado hasta diciembre de 2017, mientras que Mavares Zambrano y Reggie Jackson Andrade Alejos permanecieron detenidos hasta noviembre de 2018.
Tomado de El Cooperante
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