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La ONG Espacio Público registró un total de 17 violaciones a la libertad de expresión en el país durante octubre, en su mayoría «actos de intimidación», según una nota publicada el 4 de noviembre por la organización.
El pasado mes se documentaron 11 «actos de intimidación», dos de «hostigamiento judicial» y dos de «censura», sin especificar el tipo de violación del par de casos restantes, y en dichas acciones se registró el total de violaciones a la libertad de expresión, indicó en el texto.
Respecto a las víctimas, dijo que hubo «cinco particulares, cuatro periodistas, dos medios de comunicación y dos reporteros gráficos», mientras que, entre los principales victimarios, señaló «cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios», a los que acusó de «usar el miedo para silenciar a las voces críticas».
Con octubre, la organización no gubernamental computa un total de 192 violaciones en 2025, principalmente «intimidación (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25)», añadió el texto.
En estos diez meses hubo, además, 31 detenciones, según Espacio Público, entre las que cuenta la del periodista Joan Camargo, quien fue liberado este martes 4 de noviembre, cinco días después de ser reportado como desaparecido en Caracas, donde, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), fue «interceptado por personas vestidas de negro».
Espacio Público también afirmó que, el pasado mes, diversas organizaciones y periodistas «denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablaran sobre el Premio Nobel de la Paz» otorgado este años a la dirigente opositora María Corina Machado.
«Esta no es la primera vez que el Estado venezolano impone mecanismos de censura para restringir la cobertura de ciertos temas o el uso de determinadas palabras. Por ejemplo, en 2019, la Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) ordenó la salida del aire de un programa de radio en el estado Bolívar (sur) por emplear los términos ‘régimen’ y ‘escasez'», aseguró.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) denunció recientemente que en el país «informar sigue siendo una labor castigada» y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como «crímenes contra periodistas», así como «sancionar a los responsables» y garantizar que «estas violaciones» no se repitan.
Tomado de La Verdad
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