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Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, informó que a 927 personas se les imputó el delito de “instigación al odio” desde la entrada en vigencia de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en el año 2017, de las cuales seis siguen privadas de libertad y 638 están sujetas a medidas cautelares.
Dicha ley fue aprobada originalmente a solicitud de Nicolás Maduro tras las manifestaciones antigubernamentales registradas entre abril y agosto de ese año. Contempla penas de cárcel de diez a veinte años a quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia” y otro tipo de sanciones.
La encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, solicitó a la Asamblea Nacional reformar la Ley contra el Odio, una normativa que ella misma promovió y aprobó hace nueve años durante su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
“Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley. Pero yo creo en los principios de esa ley, el principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio, sino que podamos convivir, pero que respetemos al que es diverso. Forma parte de la dignidad humana de respetarnos, de querernos”, argumentó la funcionaria.
La directiva del Legislativo conformó el martes una comisión especial para el estudio del proyecto de ley, enmarcando el debate en el proceso de “transformación democrática” que promueve el Ejecutivo nacional.
La solicitud de reforma sucede poco después de que el régimen y AN de 2015 culminaran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos.
Diversas organizaciones civiles, entre ellas el Colegio Nacional de Periodistas, han señalado la Ley contra el Odio como parte del “marco legal represivo” aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al chavismo. Por ello exigen su derogación total en vez de una simple reforma parcial.
Igualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó que sean “revisados y cerrados” los “procesos abiertos por la ley contra el odio” que, aseguró, “solo han servido para criminalizar la expresión”.
Tomado del Correo del Caroní
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